Organizaciones ecologistas y agroganaderas describen la situación del lobo como una "tensa calma chicha" y un "limbo o laberinto legal". No hay acuerdo entre ONG, ganaderos, las Comunidades Autónomas (CCAA) y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco). A la espera de que Transición Ecológica envíe el informe sexenal de la especie a Bruselas, el año 2025 termina con recursos judiciales contra los planes de 'gestión' autonómicos. Luis Suárez, coordinador de conservación de WWF España, afirma que no hay grandes novedades. La protección del lobo ha sido objeto de debate político desde su inclusión en 2021 en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE). A finales de marzo de 2025, la aprobación de la Ley de Desperdicio Alimentario volvió a reducir la protección de la especie. Según la normativa europea, si el lobo está en una situación desfavorable, no se pueden realizar "controles letales". El Gobierno remitió al censo de la especie, que debía enviar a Bruselas antes de agosto. Según datos del Miteco, hay 333 manadas en España, lejos de las "500" necesarias para la viabilidad de la especie. La discusión con las CCAA se centra en cómo determinar la viabilidad de la especie. El Miteco se basa en una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) de 2024, que indica que si una especie está en estado desfavorable en una parte del territorio, lo está en todo el territorio. Las CCAA 'loberas' argumentan que la especie está recuperada en sus territorios, con un creciente número de ejemplares. Casi cinco meses después de la fecha límite, el portavoz de medioambiente de la Comisión Europea, Maciej Berestecki, confirmó que el Gobierno español no ha enviado los informes sexenales relativos al Artículo 17 de la Directiva Hábitats, necesarios para evaluar las especies incluidas en la Directiva Hábitat, como el lobo, porque "es necesario revisar algunos datos". Ecologistas en Acción está recurriendo en los tribunales los 'planes de gestión' de Cantabria, Asturias y La Rioja. Theo Oberhuber, portavoz de la organización, señaló que en Galicia se paralizaron los 'controles' permitidos, mientras que en La Rioja se autorizó una caza en la Reserva Regional de Caza Cameros Demanda, también recurrida. Además, la organización ha presentado una queja ante la Comisión Europea contra la Ley de Desperdicio Alimentario. Lorenzo Silva, coordinador de COAG en Castilla y León, criticó la propuesta de que los 20 millones asociados a la Estrategia Nacional del Lobo pasen a la Fundación Biodiversidad, calificándola de "manera encubierta de financiar ciertos sectores o asociaciones ecologistas y animalistas". Silva insistió en la necesidad de un control poblacional del lobo. La gerente de Asaja Asturias, Geri González, advirtió de que verificarán los datos que el Miteco envíe a Bruselas, recordando que en 2022 ya advirtieron a la UE de que los datos del Gobierno eran "obsoletos".