En 2025, la Comisión de Transparencia de Castilla y León, dependiente del Procurador del Común, tramitó 1.432 reclamaciones. De ellas, 838 se originaron por la solicitud de información a varios ayuntamientos sobre el presupuesto destinado al cuidado de perros y gatos abandonados, según información de Europa Press. Del total, 129 reclamaciones fueron presentadas por cargos locales, incluyendo 113 concejales, 15 vocales de juntas vecinales y un diputado provincial. Además, se recibieron reclamaciones de representantes de empleados públicos, asociaciones ecologistas y periodistas. La sede electrónica del Comisionado fue utilizada en más del 80% de los casos. Un total de 1.263 reclamaciones se debieron a la falta de acceso a información solicitada a entidades locales, de las cuales 1.197 fueron contra ayuntamientos. La falta de respuesta a la petición de información fue el motivo principal de 1.220 reclamaciones, mientras que 212 fueron por denegaciones expresas basadas en la protección de datos personales, solicitudes repetitivas o abusivas, o información en curso de elaboración. En 2025, la Comisión de Transparencia emitió 497 resoluciones, de las cuales 328 correspondieron a reclamaciones contra entidades locales y 162 a la Administración autonómica. Se estimó la petición ciudadana de acceso a la información en 216 resoluciones. En 188 casos, las administraciones proporcionaron la información tras la intervención de la Comisión. Se confirmó la legalidad de la denegación en 33 resoluciones.