Hoy, el foco se pone sobre aquellos que se creen intocables, quienes, amparados en sus togas, osan pensar que están exentos de crítica y que su palabra es ley. Son los encargados de interpretar la Ley y emitir sentencias, dictámenes que deben probar, sin lugar a dudas, la culpabilidad o inocencia de los acusados. Hasta ahí, todo correcto. Sin embargo, resulta inaceptable que seis muertes en la mina, mientras trabajadores se ganaban la vida, queden impunes. Esto, con el debido respeto a la magistrada del Juzgado de lo Penal 2, equivale a culpar a los seis mineros del pozo Emilio de la Hullera Vasco Leonesa por haber entrado a la mina ese día. Los mineros confiaban en que las medidas de seguridad eran correctas. ¿De verdad no existe responsabilidad penal ni civil? ¿De verdad nadie es responsable de esas seis muertes? ¿Sólo son válidos los informes periciales y testificales de las defensas? A esto se suma la espera de más de doce años de las familias para obtener una sentencia, que tardó casi tres años en redactarse y que fue despachada en semanas tras la vuelta de la jueza de su baja. Los 505 folios de la sentencia se resumen en que la magistrada sólo considera lo dicho y aportado por las defensas, descartando el resto, incluso el informe de los técnicos de minas sobre el accidente. Todo estaba tan bien que parecía que los mineros fallecieron de muerte natural, cuando en realidad murieron por un escape de grisú, un gas que debería haber sido detectado. Pero para la magistrada, nadie es responsable, aunque indica que la parte perjudicada puede ejercer acciones civiles. La sentencia no sólo encubre una tragedia minera sin responsables, sino que insulta la memoria de José Antonio Blanco, Juan Carlos Pérez, Roberto Álvarez, Orlando González, José Luis Arias y Manuel Moure y a sus familias, a quienes la justicia considera un daño colateral. "Váyase a hacer puñetas, señora magistrada".