El Consejo de Cuentas ha puesto en marcha su plan para fiscalizar los gastos de los partidos políticos de Castilla y León de cara a las elecciones autonómicas del 15 de marzo. Se estima que, en conjunto, registrarán un gasto muy similar al de 2022, cuando desembolsaron 3,7 millones de euros y recibieron subvenciones con fondos públicos por valor de 2,3 millones de euros. La Consejería de Economía y Hacienda ha atribuido las mismas cantidades que hace cuatro años a cada uno de los conceptos a subvencionar, según su Orden del 20 de enero. Todas las formaciones políticas están obligadas a dar cuenta de sus gastos electorales al Consejo de Cuentas, dependiente de las Cortes. En el último Pleno de la Institución se puso en marcha el mecanismo, con la elaboración de la instrucción de fiscalización de esa contabilidad, un mecanismo que se publicará en el Bocyl este mes de febrero. Tras la reciente disolución de las Cortes de Castilla y León y la convocatoria de elecciones autonómicas para el domingo 15 de marzo, el Plan Anual de Fiscalizaciones (PAF) de Cuentas para el año 2026 prevé, dentro de las inspecciones de mandato legal, los informes sobre el examen de la contabilidad electoral de las elecciones autonómicas. Las formaciones políticas deberán presentar su contabilidad electoral entre los 100 y 125 días a partir de los comicios, tras lo cual el Consejo de Cuentas deberá pronunciarse sobre su regularidad en los 200 días posteriores a la cita con las urnas. En caso de que las cuentas no observen los requisitos legales, la Institución podrá proponer la reducción o bien que no sea adjudicada la subvención a percibir. Según la Ley 3/1987, de 30 de marzo, Electoral de Castilla y León, están obligadas a rendir al Consejo de Cuentas tanto las formaciones que obtengan representación como consecuencia de los resultados electorales, como las que hayan solicitado un adelanto de subvenciones por haberla tenido en las anteriores elecciones autonómicas. El Consejo de Cuentas destacó en un comunicado posterior al Pleno que se elaborará un informe individual para cada una de dichas formaciones políticas. Las normas de financiación y gastos electorales se contemplan en los artículos 45 a 48 de la Ley Electoral mencionada, y el control de la contabilidad electoral en los dos artículos siguientes. Las cantidades a aplicar son actualizadas en cada elección por la Consejería de Hacienda. Según su Orden de 20 de enero, publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) dos días después, se subvencionará a los partidos con 10.205,62 euros por cada escaño obtenido en el Parlamento autonómico. Además, se abonará 0,40 euros por cada voto conseguido a cada candidatura que hubiera obtenido, al menos, un escaño, y 0,19 euros por elector, por el envío directo y personal a los electores de sobres y papeletas electorales o de propaganda y publicidad electoral, siempre que la candidatura de referencia hubiera obtenido representación parlamentaria. La ley establece un límite que puede gastar cada partido en la campaña, en función del censo. Hacienda ha establecido, como tope a esas cuentas para gastos ordinarios (sin contar los gastos por envíos directos) la cantidad de 0,38 euros por cada habitante de la población de derecho de las circunscripciones donde cada partido presente su candidatura. Los partidos políticos que presentan su candidatura en las nueve provincias tendrán un tope presupuestario de 918.000 euros, mientras un partido que se presentara solo por la circunscripción de Valladolid debería ceñirse a 199.000; por la de León a 169.000; por la de Burgos a 137.000; por la de Salamanca a 124.000; por la de Zamora a unos 62.500; por la de Ávila a unos 60.500; por la de Palencia a 59.000; por la de Segovia a 59.000 y por la de Soria a 34.000.