Un debate electoral se enriquece con la participación de múltiples contendientes. UPL y Soria Ya demandan su derecho a participar en los dos debates que se celebrarán en Castilla y León durante la campaña. Si consideran vulnerados sus derechos por la Junta Electoral autonómica, tienen vías legales para reclamar su presencia, la cual solo se concede a partidos con grupo parlamentario directo. Ambas formaciones, la leonesista y la sorianista, formaron el grupo con seis procuradores. La norma establece que solo puede organizar un grupo parlamentario el partido que obtenga cinco procuradores o más del cinco por ciento de los sufragios en las nueve circunscripciones. La candidata de la UPL, Alicia Gallego, deslizó ayer conceptos excluyentes de género o ideológicos para victimizarse, aunque confía en que la Junta Electoral Central cambie el criterio autonómico. Se espera que asuma el dictamen de dicho órgano, sea cual sea. Los debates electorales son arriesgados para los participantes, con el riesgo de perder más de lo que se gana. Alfonso Fernández Mañueco (PP) los estrenó en 2019, mientras que Carlos Pollán (VOX) y Carlos Martínez (PSOE) se estrenan en estos debates. El debate actual diferirá de los anteriores, donde PSOE y Ciudadanos buscaron acorralar al PP. Mañueco cometió el error de salir a la defensiva hace cuatro años, algo que el PP corrigió después. Mañueco es el más experimentado, mientras que Carlos Martínez tiene experiencia en el cuerpo a cuerpo tras 18 años gobernando el pleno y cuatro como parlamentario regional. Pollán es quien menos experiencia tiene. Un debate puede arruinarse por gestos, actitud o un resbalón, pero es un gran escenario para la confrontación de modelos.