La Diputación Provincial de Soria celebró un pleno este viernes centrado en la situación del Aeroparque Tecnológico e Industrial (ATI) de Garray. Se desestimó el último recurso presentado por dos particulares, aprobando de forma definitiva el proyecto de ampliación. El vicepresidente de la Diputación, José Antonio de Miguel, anunció que se encargó a un bufete de abogados un informe sobre la responsabilidad en la que han podido incurrir las administraciones en el bloqueo del traspaso de competencias entre AESA y la Junta. Este informe se conocerá este mes. De Miguel resaltó su preferencia por la vía judicial debido a los perjuicios que el retraso de los permisos está causando a la provincia, señalando que empresas interesadas en invertir se retiran ante esta situación. Existe además incertidumbre sobre el destino de casi cinco millones de euros comprometidos por Somacyl. La aprobación de la desestimación del recurso salió adelante con los votos del PP y de Vox, con la abstención del PSOE, decisión que De Miguel lamentó. El recurso se presentó contra el acuerdo plenario de noviembre de 2025 que aprobó el proyecto de ampliación del aeródromo de Garray. Los titulares de la finca en cuestión argumentan falta de justificación de utilidad pública e interés social, errores en la superficie y que los bienes afectos no son necesarios. La comisión dictaminó que la utilidad pública de la expropiación está acreditada, así como la necesidad de ocupación de los terrenos afectados. Tampoco se precisa autorización previa de AESA para la ampliación. Respecto al precio del terreno, la Diputación está abierta a adquirir los terrenos de mutuo acuerdo, siempre que sea por el valor resultante de la normativa, y no descarta una permuta. El pleno aprobó continuar la tramitación del expediente expropiatorio, incluyendo la fase de justiprecio y la posibilidad de adquisición por mutuo acuerdo. En el apartado de preguntas, el diputado de Vox, Eduardo Álvarez, preguntó sobre el futuro de la empresa Usado For Sale y la reunión con el Ejército de Tierra para dar uso a las instalaciones. De Miguel indicó que la gestión del ATI es peculiar, con un contrato prorrogado a Airpull y una nueva adjudicataria que no puede entrar a gestionar e invertir sin el visto bueno de AESA, que a su vez depende de la Junta.