La Fiscalía Superior de Castilla y León ha archivado definitivamente la investigación penal contra Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta, y Juan Carlos Suárez-Quiñones, consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, por su gestión de los incendios del verano pasado. Este archivo supone un varapalo judicial para el Partido Socialista, que criticó duramente la gestión de ambos mandatarios, aunque no presentó denuncia formal. La investigación se inició en septiembre de 2025 a raíz de una denuncia de una particular por "negligencia grave" en el incendio de Las Médulas, Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, según informa Diario de León. La Fiscalía concluye que no hay indicios de responsabilidad penal atribuible a los aforados. Según Ical, el operativo Infocal y el Plan Anual de Vigilancia, Prevención y Extinción se activaron y escalaron correctamente. Diario de León, citado por Ical, asegura que la Fiscalía considera que la redistribución interprovincial de recursos priorizó la protección de vidas, núcleos poblacionales y espacios de alto valor ambiental. Además, no fue necesaria la declaración formal de nivel 3 de interés nacional, ya que los refuerzos estatales y militares fueron requeridos y atendidos con antelación. El Ministerio Público analizó los delitos invocados en la denuncia (incendio forestal, delito contra el medio ambiente por omisión, prevaricación administrativa por omisión y omisión del deber de impedir delitos) y determinó que ninguno era aplicable. La Fiscalía argumenta que la responsabilidad penal es personal y requiere prueba de conducta individual dolosa o gravemente imprudente, descartando la imputación objetiva por el cargo ocupado. Muchos incendios se originaron por causas naturales y, pese a los daños, no existe la causalidad penal requerida. La Fiscalía califica la denuncia como una discrepancia legítima sobre la gestión política y operativa, pero insuficiente para un reproche penal, y subraya que la vía penal no sustituye el control administrativo ni el debate político. Quiñones declaró que el archivo se debe a que “la actuación fue diligente con todos los medios que eran posibles” ante unos “sucesos absolutamente imprevisibles y extraordinarios”, según Ical. El consejero expresó su “satisfacción” y abogó por “trabajar” para estar preparados ante futuras situaciones catastróficas. Según Quiñones, las decisiones judiciales demuestran que “no hubo pasividad, que hubo acción, se tomaron las medidas necesarias” y la Fiscalía reconoció que fue un suceso extraordinario por la acumulación de incendios, su gravedad y las condiciones meteorológicas.