La justicia en España es, según diversas instituciones y organizaciones internacionales, deficiente e ideologizada. Un claro ejemplo es la falta de resolución judicial tras doce años de la tragedia minera, lo que agrava el sufrimiento de las familias de los doce mineros fallecidos en la Hullera Vasco Leonesa. La mina, según se indica, nunca debió estar abierta en las condiciones en que se encontraba al momento de la explosión de grisú. Han transcurrido doce años desde la tragedia, con dos años de espera por una sentencia del Tribunal de Justicia de Castilla y León, presidido actualmente por Ana del Ser. Las familias de los mineros se encuentran en una situación de incertidumbre, mientras que los directivos de la empresa y los supervisores de la Junta disfrutan de sus remuneraciones y jubilaciones. La justicia se diluye cuando sus resoluciones quedan en un limbo, en este caso, debido a la baja de la magistrada a cargo del caso. Se cuestiona el papel del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ante este asunto. Se argumenta que la justicia debe ser igual para todos, y en este caso, los mineros y sus familiares son tratados con desdén por el TSJ de Castilla y León. Se insta a la actual presidenta del TSJ a agilizar la sentencia y, en caso de baja, a designar un reemplazo. Se califica este caso como uno de los más indignos en la Justicia del país. Se señala que la judicatura es uno de los sectores peor valorados, y se exige al CGPJ actuar ante la inacción del TSJ de Castilla y León, cuestionando si la presidenta, Ana del Ser, está priorizando el corporativismo.