La Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl) ha comunicado a la Diputación de Soria que, de persistir la paralización de la ampliación del aeródromo, los fondos asignados se destinarán a otros proyectos, según declaraciones del vicepresidente de la Diputación, José Antonio de Miguel. Somacyl ha mantenido durante cinco años su compromiso de aportar los fondos necesarios para ampliar la pista, posibilitando operaciones con aeronaves de mayor envergadura. La inversión estimada asciende a 5,2 millones de euros, tras la actualización de precios por el aumento de los costes de materiales en los últimos años, desde una cuantía inicial de 4 millones de euros. A finales de 2024, la Junta autorizó un gasto de 2,5 millones de euros, sin que se haya utilizado ni un céntimo. El proyecto ha estado detenido durante 2025 debido a un conflicto entre la Junta de Castilla y León y la Agencia Estatal Aérea (AESA) sobre la competencia para autorizar las obras, lo que mantiene retenida la ejecución promovida por la Diputación Provincial de Soria. AESA afirma haber realizado todos los trámites y análisis técnicos necesarios, indicando que la continuidad depende del Ejecutivo autonómico, al que considera la autoridad encargada de autorizar este tipo de aeródromos. Desde la Junta se argumenta que no ha asumido la transferencia de competencias, a la espera de la asignación de recursos humanos y presupuestarios. La Diputación ya ha seleccionado un gabinete jurídico especialista en administraciones públicas para determinar qué administración es la responsable de la parálisis y solicitar daños y perjuicios. El objetivo es transformar el aeródromo en un Aeroparque Tecnológico Industrial (ATI) para impulsar el sector empresarial aeronáutico en la provincia, con la creación de un hub logístico y tecnológico, lo que requiere ampliar la pista de 1.380 metros a 2.092 metros de largo y de 23 metros a 45 metros de ancho.