La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, ha logrado un acuerdo unánime con las organizaciones profesionales agrarias de Castilla y León para condicionar el apoyo al acuerdo UE-Mercosur. Se exige que se garantice "una reciprocidad real y efectiva" de los requisitos medioambientales, agronómicos y sociales para las importaciones, incluyendo control y trazabilidad. González Corral insistió en que solo apoyarán el acuerdo si se garantiza la reciprocidad real y efectiva, con los mismos requisitos para las importaciones y un control riguroso de la trazabilidad. Además, exigirán que la posición española defienda esta reciprocidad y las cláusulas de salvaguarda. Este acuerdo, contenido en un documento de siete puntos, fue suscrito en un Consejo Regional Agrario que la consejera trasladará al Gobierno de España y a las instituciones europeas antes de la firma del acuerdo UE-Mercosur, prevista para el 17 de enero en Paraguay, y que luego deberá ser ratificado por el Parlamento Europeo. Las organizaciones profesionales agrarias han pedido a los eurodiputados que voten en contra del acuerdo hasta que haya garantías de reciprocidad para que los productores compitan en igualdad de condiciones. Jesús Manuel González Palacín (Unión de Campesinos) y Aurelio González (Alianza UPA-COAG) han solicitado el voto en contra, mientras que Donaciano Dujo (Asaja en Castilla y León) ha rechazado el acuerdo por incumplir las condiciones de reciprocidad y por el perjuicio que supone para productores y consumidores. El acuerdo también exige al Gobierno central un análisis detallado del impacto del acuerdo UE-Mercosur en productos sensibles como la remolacha, los cereales, la miel o el vacuno de carne. González Corral lamentó la falta de respuesta del Ministerio de Agricultura a la petición de una reunión sobre el acuerdo y trasladará la preocupación del sector en el próximo Consejo Consultivo. Además, se reclaman salvaguardias reales e inmediatas ante incrementos excesivos de importaciones o caídas de precio, así como controles en frontera y auditorías en terceros países para garantizar el cumplimiento de las exigencias sanitarias y de bienestar animal. Aurelio González ha afirmado que el 80% de los productos fitosanitarios usados en Brasil están prohibidos en la UE, mientras que González Palacín ha recordado que estos productos son perjudiciales para la salud y el medio ambiente. Finalmente, Junta y OPAs vinculan la defensa del sector y el acuerdo UE-Mercosur a la negociación del próximo Marco Financiero Plurianual y a una PAC post-27 sólida.