La sentencia absolutoria por el accidente mortal en la Hullera, donde perdieron la vida seis mineros, enfrenta serias dificultades para mantenerse en pie, según la titular del Juzgado de lo Penal número dos de León. Resulta sumamente complejo justificar que la resolución haya tardado casi tres años desde la vista oral, tras una instrucción que se prolongó durante ocho años. La lentitud de la Justicia española dificulta cada vez más su propia legitimación. En esencia, la justicia deja de serlo cuando transcurren once años entre instrucciones y sentencias. No se trata solo de la sentencia de la Hullera, sino de una sentencia contra seis mineros fallecidos. Resulta arduo argumentar, tanto jurídica como socialmente, que un siniestro laboral con seis víctimas mortales, uno de los más graves en décadas, carezca de responsables, especialmente considerando las advertencias previas sobre la inseguridad en el pozo. De acuerdo con la jueza, quien solicitó una baja mientras las familias soportaban años de dolor por la inacción judicial, todo funcionaba a la perfección. La espera de tres años, junto con la baja, constituyen una broma de mal gusto y una falta de empatía hacia los fallecidos y sus familias. El Poder Judicial esperó el regreso de la magistrada para impartir justicia, aunque no lo parezca. El proceso judicial del caso de los seis mineros fallecidos en la Hullera Vasco Leonesa es doloroso por múltiples razones. La Justicia en este país no está al alcance de todos, especialmente de los más humildes, sino que parece reservada para las figuras políticas prominentes. Mientras tanto, los fiscales pueden seguir aplaudiendo al fiscal general del Estado.